Departamento de Adopciones

La figura de la Adopción dentro de la Doctrina de Protección Integral

LA FIGURA DE LA ADOPCIÓN DENTRO DE LA DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR

  • En el marco de esta doctrina, la Adopción era una figura utilizada de forma preferente, prevalecía el desarraigo de los niños y niñas de sus familias biológicas por situaciones meramente económicas, de estructura y condición social y hasta de linaje, etnia, honor y similares, en el entendido de que no era una obligación del Estado atender y resolver tales situaciones. El juez suplantaba el rol paterno y definía el destino de los niños y niñas en un análisis de mera conciencia.
  • Se preferenciaba un supuesto derecho de las familias –(adultos)- a adoptar, como la forma en que el Estado resolvía la situación de separación de los niños y niñas de sus familias biológicas, sin que para tal desarraigo mediara un debido proceso técnico y jurídico que lo justificara.
  • En cuanto a las personas menores de edad, la figura era vista como un acto de caridad para beneficiarlos con una familia de supuestas mejores condiciones que las de la suya.
  • No había conciencia alguna del impacto psicoemocional de la separación familiar y de sus secuelas, en situaciones que los niños y las niñas no entendían y en las que, generalmente, terminaban culpabilizándose.
  • Prevalecía el aspecto económico, como elemento de medición de la capacidad y aptitud de las familias adoptantes.

IMPACTO DE LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ENFOQUE DE DERECHOS EN LA FIGURA DE LA ADOPCIÓN

  • La Adopción se entiende como una “Figura Subsidiaria” de protección.
  • Prevalece el derecho de los niños y las niñas a conocer y mantener su identidad.
  • Prevalece el derecho de los niños y niñas a crecer y desarrollarse al lado de su familia nuclear y extensa.
  • Hay una obligación preferente del Estado de atender a las familias para generar en ellas las condiciones protectoras requeridas y necesarias, para que las personas menores de edad puedan crecer y desarrollarse integralmente en el seno de su familia biológica.
  • Agotada toda posibilidad de ubicación con su familia nuclear y extensa, la adopción es entendida como un derecho del niño y de la niña, como figura subsidiaria, que busca restituirles su derecho a crecer y desarrollarse en una familia propia, atendiendo a su interés superior.
LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL GENERA NORMATIVA RELEVANTE EN NUESTRO PAÍS SOBRE EL DERECHO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A CRECER Y DESARROLLARSE CON SU FAMILIA BIOLÓGICA:

  • Constitución Política Arts. 51 y 55
  • Convención sobre los Derechos del Niño Arts. 8, 18, 19, 20 y 21
  • Código de la Niñez y la Adolescencia Arts. 7, 19, 29, 30, 31, 33, 34, 35 y 36
  • Código de Familia Arts. 100 y 101
IMPACTO DE LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y EL ENFOQUE DE DERECHOS EN LA FIGURA DE LA ADOPCIÓN

Los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues del PANI, en alternativas de protección residencial de Organizaciones No Gubernamentales y en Hogares Solidarios, no son, ni técnica ni jurídicamente, sujetos de adopción. Un porcentaje muy alto de estas personas menores de edad tienen papá y mamá y siguen legalmente vinculados a una autoridad parental o patria potestad, siendo que la institución tiene algún proceso atencional y legal abierto y en trámite, en sede administrativa o judicial, correspondiente a estos niños, niñas y adolescentes y a su grupo familiar.  Estas personas menores de edad no son, ni legal, ni técnicamente – (psicosocial)- sujetos de un proceso de ubicación con fines adoptivos y menos de un proceso de adopción.

En el caso de estas personas menores de edad prevalece su derecho fundamental a crecer y desarrollarse en el seno de su familia biológica, lo que obliga al Estado y a todas las instituciones a trabajar con esa familia, para procurar generar las condiciones psicosocioeducativas necesarias para garantizar un ambiente de crianza seguro para estos niños, niñas y adolescentes en su grupo familiar.

Desde lo jurídico y desde lo técnico, la separación permanente y definitiva de un niño o niña de su familia biológica debe ser excepcional y debe estar sustentada en un debido proceso técnico y jurídico que demuestre, sin error, la imposibilidad de esa familia de proveer un ambiente protector a la persona menor de edad.   La separación permanente y definitiva de un niño o niña de su mamá, su papá y su familia, no debe entenderse jamás como un mero proceso burocrático administrativo.  Es un acto que puede dejar huella y marcar a los adultos y a los niños y niñas por siempre.

Para que una persona menor de edad sea sujeto de una ubicación con fines adoptivos y de un proceso de adopción, se requiere que, luego del proceso especial de protección respectivo, el Estado, a través del Patronato Nacional de la Infancia, haya hecho una valoración  piscosociolegal con pronóstico técnico profesional, que le permita determinar si el caso amerita la extinción total y permanente de los derechos de autoridad parental o patria potestad y si, para garantizarle al niño o niña su derecho a un desarrollo integral, resulta pertinente y conveniente a su interés superior, recurrir a la figura subsidiaria de la adopción.

De considerarlo así, la administración debe declarar la adoptabilidad administrativa del niño, niña o adolescente e iniciar, en la vía judicial, el correspondiente proceso de “declaratoria Judicial de Abandono con fines adoptivos”, mediante el cual, un juez competente determinará, por sentencia, si procede la ruptura de vínculo parental y filial y la terminación de los derechos de autoridad parental o patria potestad.   

Es dentro de este proceso, según lo regulado en el artículo 113 del Código de Familia, que un juez competente, a solicitud del PANI, podría autorizar la ubicación en riesgo, con carácter cautelar, de una persona menor de edad con fines adoptivos.  Además, sería hasta que ese juez emita, en sentencia, la declaratoria judicial de abandono con fines adoptivos y ésta quede en firme, que se puede iniciar un proceso judicial de adopción de la persona menor de edad.

Así las cosas, ante las violaciones de derechos de las personas menores de edad, en primer término, la intervención del Estado debe ir encaminada a su protección especial y al trabajo atencional con sus familias, para buscar generar las condiciones protectoras que les permitan volver con sus padres o con sus grupos familiares, este es un derecho esencial y fundamental de todo niño y niña.  La adopción, tal cual lo señala el artículo 101 del Código de Familia, es una figura subsidiaria, que opera, única y exclusivamente, ante la imposibilidad demostrada y justificada a través de un debido proceso, de que los niños y las niñas regresen con su papá y su mamá o queden bajo el cuido de su familia extensa.

EN REFERENCIA A LO ANTERIOR

Es muy importante no confundir lo que son los “Procesos Especiales de Protección” en sus componentes de atención y protección especial y lo que son los procesos de ubicación con fines adoptivos y de adopción en sí.  Lo anterior, para tener muy claro quiénes son personas menores de edad bajo protección especial temporal del Estado –(PANI)- y quienes niños, niñas y adolescentes con condición de adoptabilidad y con autorización judicial para una ubicación con fines adoptivos. 

Para aclarar lo dicho, se procede a explicar lo siguiente:

  • Los preceptos fundamentales que impulsaron el desarrollo y la expansión de la Doctrina de la Protección Integral y, de forma particular, la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, generaron en nuestro país un marco inédito de protección integral y especial a favor de las personas menores de edad. Este marco, jurídico y social, nos obliga a proteger y garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de este numeroso grupo de seres humanos. La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, como el instrumento internacional más ratificado del mundo, nos obliga al reconocimiento de la titularidad de derechos en favor de las personas menores de edad y de las obligaciones que en esta materia debe asumir el Estado costarricense, así como todos los miembros de la sociedad y las familias que la conforman.
  • Desde el punto de vista jurídico y cultural, la Convención implicó un cambio sustancial en el modelo jerárquico y discrecional que caracterizaba las relaciones entre los adultos y las personas menores de edad, partiendo de cuatro principios generales: 1) la no discriminación (artículo 2), 2) el interés superior del niño (artículo 3), 3) el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo (artículo 6) y 4) el derecho a opinar y participar libremente (artículo 12).
  • Ante lo expuesto, a partir de la aprobación de la Convención, se generó en Costa Rica todo un movimiento destinado a adecuar la legislación interna a los principios y preceptos convencionales. Como parte de estas transformaciones, resulta importante mencionar la reforma legal realizada en el año 1995 a nuestro Código de Familia, mediante ley número 7538 del 22 de agosto de dicho año, que replanteó la figura de la adopción, quedando claramente establecida su subsidiariedad y dejando plenamente definido el derecho fundamental de los niños y las niñas a crecer y desarrollase en su familia biológica, nuclear o extensa.
  • Esta nueva normativa, vinculada al derecho fundamental de los niños y las niñas a conocer su identidad, a conocer a sus padres, a crecer y desarrollarse en su familia biológica nuclear o extensa, y a que los asuntos que los afectan se resuelvan en el marco de la justicia judicial con un debido proceso en el que, en la medida de sus posibilidades, tienen derecho a participar y a que se tome en cuenta su opinión, desterró prácticas propias de la doctrina de la situación irregular que, en nombre del asistencialismo y la caridad, veían a la adopción como la solución primaria a las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de las personas menores de edad.
  • El Estado deja de ser un mero intermediario “benefactor” que ve en la adopción una salida práctica a situaciones que tienen un trasfondo social estructural, y pasa tomar un rol protector, con la obligación de atender integralmente a las familias en busca de generar las condiciones idóneas necesarias, para que los niños, niñas y adolescentes puedan crecer y desarrollarse en sus grupos familiares biológicos, como un derecho inherente a su condición de personas.
  • En este contexto de derecho y de legalidad, la obligación de procurar el desarrollo integral de las personas menores de edad le corresponde, en forma primordial, al padre y a la madre en su condición de depositaros de los derechos y atributos de autoridad parental o patria potestad. No obstante, ante situaciones de omisión, negligencia o abuso en el ejercicio de dicha autoridad parental, al Estado costarricense le corresponde intervenir, de forma supletoria, en el ámbito familiar, a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad. Tal intervención encuentra fundamento en los artículos 51 y 55 de la Constitución Política de la República, en los artículos 2 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el artículo 13 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
  • De acuerdo con la Constitución Política y la normativa vigente en la materia, esta protección estatal se ejerce en sede administrativa a través del Patronato Nacional de la Infancia, con la colaboración del resto de las instituciones del Estado, y se ejecuta mediante diversos procesos, entre ellos, un procedimiento de orden jurídico, con componentes técnicos atencionales denominado “Proceso Especial de Protección”, que se encuentra regulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia a partir de su artículo 132. Este Proceso Especial de Protección está definido técnica y legalmente, en primera instancia, como el medio a través del cual el Estado investiga las situaciones violatorias de derechos de las personas menores de edad y procura garantizar el derecho prioritario que tienen los niños y las niñas de crecer y desarrollarse bajo la protección de su familia biológica, nuclear o en su defecto extensa, en un marco que asegure su desarrollo integral. Consecuentemente, conforme la doctrina dicha, su fin prioritario es la atención del grupo familiar, a efecto de generar las condiciones protectoras necesarias para la garantía de los derechos y para asegurar el desarrollo integral de las personas menores de edad al lado de sus padres o bajo la protección de su familia extensa, tal y como lo establece la legislación vigente.
  • Dentro de estos procesos, cuando por el riesgo existente –(considerado inminente y grave)-, a través de las medidas de protección de abrigo temporal y cuido provisional, el PANI define, con carácter cautelar, la separación de personas menores de edad de sus padres y de su familia extensa durante el período de la intervención institucional, la institución debe resolver el tema de la protección especial y la atención integral de dichas personas menores de edad, en tanto se ejecuta el respectivo proceso de investigación, atención y resolución de la situación jurídica de estos niños, niñas y adolescentes. A efecto de proporcionar tal atención y protección, el PANI cuenta con diversos tipos de alternativas, entre ellos, los albergues institucionales y las alternativas de protección residenciales que pertenecen a Organizaciones No Gubernamentales, que son subsidiadas económicamente y supervisadas técnicamente por el PANI.
  • La posibilidad de dictar las medidas dichas, responde al hecho de que el PANI y el Estado costarricense no pueden, bajo ninguna circunstancia, abstenerse de proteger a las personas menores de edad, cuando existe una sospecha fundada de riesgo grave. No se puede frente a estas situaciones esperar que se cumpla con la totalidad de los procedimientos del “Proceso Especial de Protección”, a sabiendas de que las personas menores de edad se encuentran en riesgo grave o hay una sospecha fundada de ello. Ante estas situaciones opera el interés superior de las personas menores de edad y el derecho a la protección estatal y al desarrollo integral que tienen los niños, niñas y adolescentes.
  • Ahora bien, consecuencia de lo dicho, se debe aclarar que, los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues institucionales y alternativas de protección residencial de Organizaciones No Gubernamentales, no son ni técnica ni jurídicamente sujetos de adopción. Un porcentaje muy alto de estas personas menores de edad tienen papá y mamá y siguen legalmente vinculados a una autoridad parental o patria potestad, siendo que la institución tiene algún proceso atencional abierto y en trámite, en sede administrativa o judicial correspondiente a estos niños, niñas y adolescentes y a su grupo familiar. Estas personas menores de edad no son, ni legal, ni técnicamente – (psicosocial)- sujetos de un proceso de ubicación con fines adoptivos y menos de un proceso de adopción, hasta tanto su situación jurídica no sea resuelta con tales fines. Los protege el señalado derecho fundamental a crecer y desarrollarse en el seno de su familia biológica, lo que obliga al Estado y a todas las instituciones a trabajar con esas familias, para procurar generar en ellas, las condiciones psicosocioeducativas necesarias para garantizar un ambiente de crianza seguro para estos niños, niñas y adolescentes.  El resto de las personas menores de edad ubicadas en estas alternativas, responde a perfiles que, por sus características y condiciones, no se les ha encontrado opción de ubicación ni nacional ni internacional a través de un proceso adoptivo, por lo que se trabaja con ellos proyectos de vida independiente.
  • Para que una persona menor de edad sea sujeta de una ubicación con fines adoptivos y de un proceso de adopción, se requiere que, luego del “Proceso Especial de Protección” respectivo –(un año máximo si operó prórroga judicial)-, el Estado, a través del Patronato Nacional de la Infancia, haya hecho una valoración piscosociolegal con pronóstico técnico profesional, que le permita determinar si el caso amerita la extinción total y permanente de los derechos de autoridad parental o patria potestad y si, para garantizarle al niño o niña su derecho a un desarrollo integral, resulta pertinente y conveniente a su interés superior, recurrir a la figura subsidiaria de la adopción. De considerarlo así, la administración debe declarar la adoptabilidad administrativa del niño, niña o adolescente e iniciar, en la vía judicial, el correspondiente proceso de “Declaratoria Judicial de Abandono con fines adoptivos”, mediante el cual, un juez competente determinará, por sentencia, si procede la ruptura de vínculo parental y filial y la terminación de los derechos de autoridad parental o patria potestad. 
  • Es dentro de este proceso, según lo regulado en el artículo 113 del Código de Familia, que un juez competente, a solicitud del PANI, podría autorizar, con carácter cautelar, la ubicación en riesgo con fines adoptivos de una persona menor de edad y, evidentemente, sería hasta que ese juez emita en sentencia, la declaratoria judicial de abandono con fines adoptivos y ésta quede en firme, que se puede iniciar un proceso judicial de adopción de una persona menor de edad.
  • A partir de lo expuesto, las situaciones de niños, niñas y adolescentes que llegan al Departamento de Adopciones, son las de aquellos y aquellas que ya han pasado por un Proceso Especial de Protección, que cuentan con declaratoria de adoptabilidad administrativa en firme y que tienen autorización judicial para una vinculación con fines adoptivos o, en su defecto, ya cuentan con una declaratoria judicial de abandono con fines adoptivos firme. También se manejan los casos de entregas directas a la institución, donde ya se trabajó la motivación del progenitor y la progenitora, descartándose la posibilidad de que asuman su rol materno y paterno y se agotó la posibilidad de ubicación del niño o niña con su familia extensa.
  • En este punto debe aclararse que, niño, niña o adolescente cuyo expediente llega al Departamento de Adopciones con aptitud adoptiva técnica y jurídica –(declaratoria de adoptabilidad administrativa firme y autorización judicial para su ubicación con fines adoptivos o declaratoria judicial de abandono firme)-, si tiene opciones de ubicación –(familias en el banco de elegibles dispuestas a asumir una persona menor de edad de su perfil)-, se ubica en la sesión siguiente del Consejo de Adopciones pertinente, es decir, en un plazo no mayor de una semana y, una vez ubicados, su proceso de emparentamiento se inicia de forma inmediata. En esa semana, que a veces se convierte en días, se verifica que los expedientes de las personas menores de edad estén debidamente documentados con los informes pertinentes y las resoluciones administrativas y judiciales requeridas en firme y que los niños, niñas y adolescentes, efectivamente, cuenten con aptitud legal, social y psicológica para ser parte de un proceso de ubicación con fines adoptivos.
  • Cumplida esta valoración, se realiza el análisis de los principales informes del expediente, a efecto de conocer y documentar la historia de las personas menores de edad, sus condiciones, características y particularidades en todas las áreas del desarrollo, generándose un informe pormenorizado al respecto, que sirve de referencia a los Consejos Regional y Nacional en su proceso de empate teórico. Se realiza en este plazo además, el análisis de compatibilidad entre los perfiles de los niños y niñas que llegan en condición de adoptabilidad y las familias del banco de elegibles que maneja el PANI, a fin de determinar qué familias solicitaron un perfil en el rango y parámetros de la niña o del niño y, de esas, cuáles tienen condiciones y características compatibles con los requerimiento y necesidades protectoras de las personas menores de edad. Realizar este trabajo con la celeridad señalada y la calidad debida es precisamente el compromiso del Departamento de Adopciones del PANI y lo ejecuta con un alto grado de eficiencia y eficacia.
  • En consideración de todo lo expuesto, es de nuestro interés que quede claro que los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en albergues institucionales o en alternativas de protección de ONG’s no están en espera de adopción, están en procesos atencionales que los incluyen a ellos y a su familia nuclear y extensa. Los niños, niñas y adolescentes que adquieren las condiciones necesarias para ser sujetos de un proceso de ubicación con fines adoptivos, pasan al Departamento de Adopciones y si tienen opciones de compatibilidad con familias del banco de elegibles, son ubicados con fines adoptivos en un plazo máximo de una semana, más la duración del proceso de emparentamiento respectivo que inicia de forma inmediata.
  • Durante el año 2014, el Departamento de Adopciones recibió 166 personas menores de edad en esta condición, el equivalente a 3,19 por semana. De ellos, 105 encontraron ubicación en familias nacionales, mientras que 61 de ellos, por su perfil, condiciones, características y necesidades no contaron con familias nacionales interesadas en asumirlos. De estas 61 personas menores de edad, 44 pudieron ser ubicadas con familias internacionales – (adopción subsidiaria a la nacional)-, en tanto que 17 debieron entrar a un proceso de promoción adoptiva.  Actualmente, el número de personas menores de edad en procesos de promoción adoptiva es de 25, ya varios de ellos con posibilidades de adopción internacional, sin embargo, no tienen opciones de ubicación en las 86 familias nacionales que al día de hoy componen el banco de familias elegibles. 
  • Finalmente, es importante aclarar que, el proceso de adopción, es un proceso subsidiario de carácter psicosociolegal que responde, en todo, al interés superior de las personas menores de edad. Por ello, se ejecuta a través de un análisis de compatibilidad y empate teórico, que busca proveerle a las personas menores de edad, la mejor familia posible en función de sus condiciones, características y necesidades. Recuérdese que las familias solicitantes de ubicaciones con fines adoptivos, establecen el perfil de la persona o personas menores de edad que consideran desean y están en posibilidad adoptar, perfil que terminan de definir durante el proceso de valoración.   Así las cosas, en lo que a las familias solicitantes de adopción respecta, los plazos reglamentarios existentes son para las valoraciones y para la correspondiente declaratoria de idoneidad, pero una vez en el banco de familias elegibles, la ubicación de una personas menor de edad dependerá de los procesos de compatibilidad y empate teórico referidos, es decir, de que aparezca una persona menor edad con condición de adoptabilidad, con el perfil y las características por ellos requeridas y de que, en el proceso de empate teórico, ellos resulten ser la familia con las mejores condiciones, características y aptitudes para dicha persona menor de edad.  Es precisamente por este sistema, propio de un proceso con enfoque de derechos de las personas menores de edad y que responde al principio de interés superior del niño, que algunas familias del banco de elegibles tienen ubicaciones muy rápidas y otras no tanto así.  En el caso de los niños y las niñas, como ya se explicó, en el tanto, en el banco de elegibles se cuente con familias dispuestas y valoradas para recibir personas menores de edad de su perfil, entre el momento en que llegan al Departamento de Adopciones con su declaratoria de adoptabilidad firme y la autorización judicial pertinente y su ubicación no pasa más de una semana.

Ley Procesal Laboral

Reinstalación inmediata, con pleno goce de todos sus derechos a las embarazadas y madres en lactancia. Si se tratara de una trabajadora en período de lactancia tendrá derecho, además de la cesantía y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario.”

Ley Procesal Laboral | Adolescentes

Protección en fueros especiales y tutela del debido proceso: Se encuentran dentro de esa previsión, las personas trabajadoras adolescentes, conforme lo manda el artículo 91 de la Ley N.° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998.

Relaciones Impropias | PANI

Ley de Fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas, reforma Código Penal, Código Familia, Ley Orgánica TSE y Registro Civil, y Código Civil N° 9406

Relaciones Impropias | PANI

Esta ley castiga hasta con tres años de cárcel a quienes siendo mayores de edad mantengan relaciones sexuales con personas menores de 15 años, si la diferencia de edad entre ambos es de cinco o más años.

Relaciones Impropias | PANI

"Artículo 161.- Será sancionado con pena de prisión de tres a ocho años, quien de manera abusiva realice actos con fines sexuales contra una persona menor de edad o incapaz o la obligue a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona, siempre que no constituya delito de violación.

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