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Hito histórico: PANI fortalece condiciones laborales y calidad del cuido en albergues

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San José, 16 de diciembre de 2025. El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) inició la implementación de nuevas jornadas laborales de 8 horas para las personas funcionarias que desempeñan el cargo de Asistentes de Servicios Infantiles (ASIS). Anteriormente, estas labores se realizaban bajo un esquema de 11 días consecutivos de trabajo y 3 de descanso.

Este cambio responde a una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomendó la modificación al considerar que el modelo previo vulneraba los derechos humanos de las personas trabajadoras. Tras más de dos décadas de un proceso internacional complejo ante la CIDH, el inicio de este nuevo modelo representa un punto de inflexión para el Estado costarricense: una señal objetiva de implementación que trasciende lo declarativo y se traduce en decisiones administrativas y operativas orientadas a corregir condiciones laborales históricamente deficitarias en un servicio público altamente sensible.

La primera región en aplicar la medida fue Upala, donde el número de asistentes se incrementó de 3 a 15, permitiendo atender el Albergue de la Región Huetar Norte en tres turnos diarios, incluyendo fines de semana.

La Presidenta Ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, explicó que la transición hacia jornadas de 8 horas se realizará de manera progresiva en todas las regiones, conforme se logre la contratación de las plazas necesarias para cubrir los turnos completos. Los ASIS tienen a su cargo el cuidado y acompañamiento de las personas menores de edad en los albergues institucionales.

Este cambio de horario implica también el reforzamiento de la operativa institucional, mediante la contratación de personal adicional en cada albergue, con el fin de fortalecer y mejorar no solo las condiciones laborales de las personas funcionarias, sino también la calidad del servicio de protección brindado a la niñez y adolescencia bajo tutela del Estado. El efecto inmediato y verificable de esta reforma se refleja en la mejora de la salud ocupacional, la vida familiar y la dignidad en el trabajo de las personas funcionarias.

Asimismo, para esta nueva generación de ASIS, el Patronato ha determinado la obligatoriedad de la acreditación psicológica de idoneidad, requisito indispensable para ejercer las funciones y labores de atención de personas menores de edad bajo protección estatal.

De manera paralela, se ha dado seguimiento puntual a las medidas relacionadas con la reparación integral, la atención médica y psicológica, y la garantía de no repetición de los hechos que vulneraron a una funcionaria.

Por su parte, el Canciller Arnoldo André Tinoco destacó que “la CIDH resalta entre las acciones realizadas por Costa Rica el acto de disculpa pública y el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado el 9 de agosto de 2022”, lo cual constituyó un primer paso en el proceso de reconocimiento y restauración de los derechos de las personas trabajadoras.

El inicio de este cambio fortalece la reparación en su dimensión colectiva y estructural, reafirma la coherencia del Estado con su imagen de respeto al Estado de Derecho y con la credibilidad del cumplimiento internacional, y reconoce el trabajo articulado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. También se valora la participación sostenida de las y los representantes del caso, en particular del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y del Sindicato de Empleados del PANI, así como el aporte de doña Elena Téllez Blanco, referente en la reflexión institucional y en el fortalecimiento de las garantías laborales y de derechos humanos en el país.

La implementación de jornadas de 8 horas en los albergues del PANI marca un hito histórico en la defensa de los derechos laborales y humanos en el país. Este cambio no solo dignifica la labor de quienes cuidan a la niñez en situación de vulnerabilidad, sino que también reafirma el compromiso del Estado costarricense con los estándares internacionales de justicia y protección.

Para el PANI, representa un paso decisivo hacia la consolidación de un modelo institucional más humano, profesional y sostenible; para Costa Rica, es la confirmación de que la defensa de los derechos de las personas trabajadoras y de la niñez es parte esencial de su identidad democrática y social.

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