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Consejo Presidencial Social Recibirá Observaciones En 30 Días Se Entrega Propuesta Para Justicia Juvenil Restaurativa (Audio)

Las instituciones integrantes del Consejo Presidencial Social conocieron la propuesta para que el país consolide una Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa. “Este es un tema muy importante que tiene un programa en el Poder Judicial desde el 2012, para personas adultas. Hay una carencia en la justicia restaurativa enfocada en la población joven”, explicó Víctor Barrantes, Viceministro de Paz.
 
La Justicia Juvenil Restaurativa pretende brindar una respuesta evolutiva al delito, con el fin de resolver los conflictos sociales con una visión que no se reproduzca la violencia. Se procura una participación de las víctimas, las comunidades y las personas ofensoras, para que estas últimas asuman la responsabilidad de los daños que causaron y realicen un plan reparador.
 
“Se trata de promover un cambio de cultura. Ya tenemos éxitos que nos llevaron a pensar en la necesidad de una Política Pública” comentó la letrada de la Sala III Lourdes Rueda, quien hizo una presentación al Consejo Presidencial Social. Resaltó que para el primer trimestre del 2015 se presentaron 550 salidas alternativas, en las que personas que cometieron daños devolvieron más de 5 mil horas a la comunidad.
El desarrollo de la Política se elabora desde el 4 de marzo, y debe culminar el 30 de setiembre, fecha prevista para su divulgación.
 
La vicepresidenta Ana Helena Chacón, coordinadora del Consejo Presidencial Social, destacó que se trata de un tema que tiene que ver con las desigualdades y la exclusión social. “Es fácil hablar de conductas adecuadas si nunca se ha tenido hambre ni se ha vivido en pobreza extrema. Se está criminalizando la pobreza, y esto es más preocupante cuando se trata de jóvenes; es algo que nos corresponde cambiar”, dijo.
 
El Consejo Presidencial Social acordó que las instituciones que lo conforman deberán presentar sus recomendaciones en esta materia en un plazo de 30 días, para contribuir con la elaboración de un Protocolo de coordinación intersectorial y un Plan Político de Acción.
 

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