El Estado costarricense reconoce que el consumo de sustancias etílicas y drogas es un problema de Salud Pública y por tanto debe darse una respuesta coordinada y articulada de las instituciones públicas responsables. Por su parte, las empresas privadas tienen una responsabilidad social en el tema, las cuales están obligadas a cumplir con el ordenamiento jurídico vigente, promoviendo la vida y la salud de las personas menores de edad, agregó Alvarado.
En este taller se revisó la experiencia interinstitucional, se identificó el modo de operar de las organizaciones de este tipo de evento, se revisaron los delitos asociados al consumo de licor y drogas en personas menores de edad, la responsabilidad de los dueños de los establecimientos, de los transportistas, de las personas menores de edad y la de los padres, madres y encargados de los y las adolescentes que participan en las barras libres.
Para la Presidenta Ejecutiva del PANI, Dra. Iris Arias Angulo “Es importante llamar la atención y reflexión a los padres, madres y responsables de las personas menores de edad para que se interesen más en las actividades que asisten sus hijos e hijas; y asuman el rol protector que les corresponden, cuando la Autoridad Parental es abusiva, debilitada o negligente el Estado y sus instituciones deben proteger a las personas menores de edad, pues su edad es una condición de vulnerabilidad”.