- La disculpa pública constituye una medida de satisfacción, de efecto reparadora, desarrollada tanto en principios y directrices de Naciones Unidas, como en la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
San José. 9 de agosto del 2022. En el marco del caso 12.609, en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado costarricense realizó un acto de disculpa pública y reconocimiento de responsabilidad internacional por las vulneraciones a los derechos humanos acreditados en el Informe de Fondo 442/21, notificado al Estado el 4 de febrero del 2022.
Los hechos del caso se remontan al mes de agosto del año 2003, cuando el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Sindicato de Empleados del PANI (SEPI), presentaron una petición a favor de la señora Elena Téllez Blanco, alegando en esencia que, en razón de la jornada laboral como trabajadora de los albergues en el PANI, la señora Téllez habría sufrido una violación a los derechos de integridad personal, protección de la familia y vida privada, así como a la debida protección judicial. En ese sentido, indicaron que esta situación constituyó una forma de discriminación laboral, en parte debido al género femenino de la señora Téllez.
Tras un proceso que permaneció en la CIDH por casi dos décadas, el asunto fue resuelto por el fondo y se determinó la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración de los artículos 5.1, 24, 25.1 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones de los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento; además, por la vulneración del artículo 7 de la Convención Belém do Pará. Asimismo, como parte de las recomendaciones que fueron formuladas al Estado, se dispusieron una serie de medidas orientadas a la reparación integral a la víctima, a la atención de su salud física y mental, así como a la no repetición de los hechos.
“Tras la notificación del Informe de Fondo, el Estado ha externando su absoluta conformidad con el mismo, reconociéndose además su valor y trascendencia tanto en lo que respecta a la situación individual de doña Elena en su calidad de víctima, como su incidencia para garantizar la no repetición de hechos similares, por ello cabe destacar la importancia que ha tenido la participación e involucramiento del Poder Judicial, el Patronato Nacional de la Infancia y la Caja Costarricense de Seguro Social, iniciando el estudio e implementando una serie de medidas con vocación transformadora y correctiva a partir de las recomendaciones de la Comisión”, afirmó el Vicecanciller Christian Guillermet Fernández al iniciar el acto.
Durante la actividad el Estado formalizó la disculpa pública y el reconocimiento de responsabilidad internacional en el marco del caso. Al respecto, el Vicecanciller Guillermet manifestó lo siguiente “en este acto, en representación del Estado costarricense, con profundo respeto y humildad, se reconoce la responsabilidad por los hechos aquí expuestos y enunciados en detalle en el Informe de Fondo, y le ofrezco una disculpa pública a usted y a su familia, por las afectaciones ocasionadas por la violación del derecho a la igualdad y el principio de no discriminación, el derecho a la integridad personal, derecho a la salud, derecho al trabajo y el derecho a la protección judicial”.
Para la Ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gloriana López Fuscaldo “este acto es de gran trascendencia ya que, nos permite analizar y rectificar, la forma en que se deben tratar y visualizar a la mujer en todos los ámbitos, pero particularmente en las relaciones de empleo, no solo en el PANI, sino en cualquier otra institución o centro de trabajo, en los cuales debe imperar la igualdad, la equidad y la no discriminación, eliminando toda clase de sesgos o criterios estereotipados en torno al rol de la mujer”. En cuanto al valor del informe, la Ministra López Fuscaldo enfatizó que el mismo “constituye en una oportunidad de abonar en el goce y ejercicio efectivo de los derechos humanos, como un elemento que coadyuvará en los procesos existentes de mejora institucional y viene a sumar positivamente en los esfuerzos que desde hace dos años se han venido realizando para garantizar la efectiva protección de los derechos de las personas menores de edad, en armonía con los derechos del personal de atención directa destacado en las alternativas de protección del PANI”.
La Magistrada Patricia Solano Castro, Presidenta en Ejercicio del Poder Judicial, destacó la trascendencia del acto para la institucionalidad pública y subrayó su valor simbólico como medida de reparación, brindando una extensiva disculpa a doña Elena Téllez Blanco por las acciones y omisiones que se realizaron en su caso. Además, detalló que desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia se ha venido desarrollando un programa de formación en justicia con enfoque de género, detallando que “tenemos la firme convicción de que estas capacitaciones van a contribuir para generar los cambios necesarios para no volver a incurrir en esos estereotipos a la hora de impartir justicia”.
Tras las intervenciones de la representación estatal, Luisa Berríos Téllez, hija de la señora Elena Téllez señaló que “hoy es un día sumamente especial y relevante no solo para mi familia, sino un espacio de reflexión en la historia del país, quienes han tenido el placer de conocer a mi madre saben que es una mujer trabajadora y alegre”. Por su parte, la representación legal de doña Elena Téllez relataron los orígenes del caso y su desarrollo tras su presentación ante la CIDH, reconociendo la buena voluntad del Estado y haciendo un llamado a continuar adoptando pasos decididos para cumplir con las recomendaciones de la CIDH.
Asimismo, se contó con la participación de la Comisionada Julissa Mantilla Falcón, Presidenta de la CIDH, quien saludó y celebró dicho proceso y resaltó el esfuerzo de las partes para cumplir con las recomendaciones y procurar una reparación integral a la víctima. Además, destacó el compromiso del Estado con el Sistema Interamericano y con sus obligaciones internacionales, procurando un enfoque de género y no discriminación.
El acto de disculpa pública fue asumido por el Estado como un compromiso auténtico y sincero, reconociéndose su valor como medida de satisfacción de efecto reparador en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero sobre todo, como una oportunidad de hacer un llamado de sensibilidad al resto de la institucionalidad y la sociedad en general, particularmente frente a aquellas situaciones de discriminación en que aún permanecen las mujeres y que están basadas en consideraciones de género.
Al evento también asistieron: Cindy Quesada Hernández, Ministra de la Condición de la Mujer; Patricia Portela de Souza, Representante de UNICEF en Costa Rica; Gonzalo Zúñiga Mendoza, Director General del Área de Salud Carmen de Montes de Oca; así como funcionarias y funcionarios de la Dirección Jurídica de Cancillería; Gerencia Técnica, Asesoría Legal y Recursos Humanos del PANI; Presidencia del Poder Judicial e integrantes del SEPI y CEJIL.