Los miembros del Comité de los Derechos del Niño representados por su presidente Jaap Doek, su vice-presidente Norberto Liwski, Rosa María Ortiz, Jean Zermatten y Kamel Filali, han considerado un conjunto de desafíos en la región que se sintetiza en los siguientes temas: Pobreza, inequidad y violencia.
El Comité de los Derechos del Niño valora los logros alcanzados durante los últimos años en relación con la Convención sobre los Derechos del Niño, especialmente en el marco legal, sensibilización de amplios sectores que trabajan y se comprometen en el ámbito de la niñez y algunas experiencias exitosas.
Asimismo, el Comité de los Derechos del Niño reconoce los principales obstáculos que impiden la implementación de las recomendaciones y que se expresan en la falta de mecanismos de aplicación, la insuficiente capacitación de los recursos humanos y la poca inversión en recursos financieros. El Comité reconoce y valora las acciones y compromisos de los diversos actores del sector público y la sociedad civil que favorecen la efectividad de las recomendaciones emitidas por este órgano.
Para el Comité, este seminario es de suma importancia, ya que permite a los países apropiarse y fortalecerse de la dimensión universal de los derechos humanos de los niños y su integración a las realidades culturales regionales.
Durante el seminario se abordaron temas claves para la niñez y las políticas públicas de los países de Centroamérica, Cuba, México, Panamá y República Dominicana tales como: derechos de la infancia, inversión social, monitoreo y seguimiento, educación, salud, adopciones, violencia, explotación sexual, trabajo infantil, justicia penal juvenil entre muchos otros que son considerados en las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño.
En torno a estos temas los grupos de trabajo integrados por representantes de los países participantes (gobierno, instituciones nacionales de derechos humanos, parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil y periodistas), emitieron una serie de recomendaciones para fortalecer la implementación y seguimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño en seis temas de preocupación (violencia, explotación sexual y económica, educación, justicia penal juvenil, monitoreo y seguimiento, y salud).
Respecto a la violencia, los participantes recomendaron la necesidad de fortalecer los procesos de prevención de la violencia intrafamiliar y la creación de leyes que prohíban el castigo corporal. También se planteó la urgente necesidad de que los Estados garanticen mayores recursos para la infancia, a través de estudios de los presupuestos nacionales, el fortalecimiento de los sistemas de medición y seguimiento sobre la violencia y promover la identificación e investigación de los actos de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en las instituciones.
Para enfrentar la explotación sexual y económica, los participantes recomendaron, en particular, la tipificación o la armonización de leyes nacionales dirigidas a la protección de niñas, niños y adolescentes; el diseño de estrategias de sensibilización, que hagan patente la responsabilidad de los explotadores sexuales y no de las niñas, niños y adolescentes; así como el diseño de políticas públicas, programas de atención integral a víctimas y la asignación de recursos suficientes para combatir la explotación sexual comercial, la trata de personas en todas sus modalidades y la explotación laboral, con base en criterios de rendición de cuentas y transparencia.
En el tema de la educación, recomendaron la elaboración de políticas públicas educativas que permitan el acceso y permanencia en el sistema educativo de refugiados, migrantes, niños en situación de calle e indígenas; la eliminación de restricciones o requisitos legales que limiten el acceso a Programas de educación formal y técnica en cuanto a edad, origen, nacionalidad, nivel educativo, un mejoramiento en los presupuestos para educación y los sistemas de becas escolares así como una mayor participación de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones.
Respecto de la aplicación de la justicia penal juvenil para jóvenes en conflicto con la ley, se hace énfasis en la implementación de medidas alternativas como trabajos en la comunidad, que sustituyan la detención de jóvenes y el diseño de políticas públicas que favorezcan la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño e instrumentos internacionales pertinentes con el fin de favorecer la prevención y la reinserción social de estos jóvenes.
En relación al tema del monitoreo y seguimiento a nivel nacional de la Convención sobre los Derechos del Niño, los participantes recomendaron al Comité que defina lineamientos metodológicos para identificar y monitorear el gasto público destinado a la niñez e inste a los Estados para que establezcan o fortalezcan una instancia única de coordinación encargada de formular las políticas públicas para la niñez.
Finalmente, en el ámbito de la salud de la niñez, los participantes recomendaron integrar el enfoque de derechos humanos en el diseño de políticas públicas de salud con contenido presupuestario que aseguren el cumplimiento de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. También le pidieron al Comité que genere una herramienta con indicadores de salud para medir los avances de la Convención.
Antecedentes
El seminario fue organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Plan Internacional con el apoyo del gobierno de Costa Rica, el PANI, UNICEF y el ICE.
El encuentro tuvo como fin fortalecer la capacidad de los Gobiernos para implementar las observaciones finales hechas por el Comité de los Derechos del Niño y formar redes de apoyo en este proceso.
El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). La Convención es un instrumento jurídico internacional. Esto significa que cuando un Estado ratifica o se adhiere a él, se compromete a garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia y a adoptar medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención.
En su artículo 43, la CDN crea el Comité de los Derechos del Niño, encargado de verificar la aplicación de la Convención en los diferentes países.
De conformidad con el art. 44, los Estados partes se comprometen a presentar informes al Comité sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y sobre los progresos que hayan realizado en cuanto al goce de los derechos de la infancia. Los Estados partes que han ratificado la CDN deben presentar un informe cada 5 años en forma periódica. El Comité examina estos informes y emite, tras un diálogo con la representación del Estado Parte, sus conclusiones y recomendaciones, denominadas “observaciones finales”.