Estoy convencido de que la paz social, como producto de la justicia y de un desarrollo económico equitativo, es el más preciado logro y la estrategia más inteligente con que Costa Rica habrá de encarar los retos del futuro.
Ciertamente, el déficit fiscal es uno de los mayores desafíos que afronta el país. Entendemos su gravedad y estamos empeñados en resolverlo.
Sin embargo, nunca he dicho, porque no lo creo, que este sea el más importante ni el único problema que exige atención urgente del gobierno y de toda la ciudadanía.
El déficit fiscal y el elevado endeudamiento del Estado se acumularon a lo largo de varios años y no es serio, ni prudente, exigir una solución atropellada y en un corto plazo, con recortes abruptos al presupuesto nacional. Esto no lo piden ni los organismos internacionales, si quiera.
El riesgo de un deterioro en servicios públicos esenciales, que conduzcan a retrocesos en salud, educación o seguridad, no lo debemos y no tenemos porque asumir.
Tampoco procede la cancelación de las inversiones que son indispensables para superar rezagos en infraestructura, como lo reclaman con justicia, también, el agro y otros sectores productivos.
Las llamadas “medidas de choque” podrían arrastrarnos a problemas peores que el propio déficit. El presupuesto no puede ser ni debe ser mutilado de manera irresponsable, aunque se invoquen sanos propósitos para ello.
Transparencia, austeridad, gradualidad y mesura: esa es la clave.
He dicho y ratifico que, en esa búsqueda responsable, seria y cuidadosa de soluciones estructurales al equilibrio de las finanzas públicas, la primera tarea es mejorar el cobro de los impuestos y racionalizar el gasto estatal.
Consecuente con ese compromiso, me complace informarles que, en solo los primeros meses de gestión, el nuevo gobierno mejoró la recaudación tributaria en 21 mil millones de colones y, al mismo tiempo, redujo gastos en otros 21 mil millones.
Esa no es promesa; es una realidad. Hemos enviado ya a la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario, para lo que resta del 2014, que incorpora estos ahorros.
Alcanzar el bienestar y la prosperidad a la que aspiramos como nación, es una tarea compartida, cuyo logro depende, principalmente, de la sabiduría, el compromiso y la generosidad de quienes hemos sido elegidos para gobernar.
En este momento, son las señoras y señores diputados quienes deben meditar si las amarras que un grupo de ellas y ellos les quiere imponer al gobierno, al Tribunal Supremo de Elecciones, al Poder Judicial e incluso a la Defensoría de los Habitantes, son congruentes con las aspiraciones del pueblo soberano para estos cuatro años.
La responsabilidad de quienes gobernamos está a prueba. El Poder Ejecutivo ha cumplido con madurez, diálogo y austeridad. Esperamos lo mismo de quienes tienen que decidir sobre el Presupuesto de la República.
Que pasen buenas noches.