San José, Costa Rica, jueves 12 de julio de 2012. Ya es hora de que entendamos que la inversión en los programas sociales de las diferentes entidades de Gobierno, llámense como se llamen, es prioritaria y urgente, pues visto desde cualquier arista, sus resultados serán claves para el desarrollo de la población y por ende del país.
Lastimosamente administración tras administración cuando hay alguna crisis, hemos visto como lo primero que se vuelan es la ayuda a los planes y proyectos de asistencia social, salud, educación, seguridad y hasta justicia.
Error, dejar de lado la contribución a los sectores más vulnerables de una nación terminará siendo un bumerán. Es decir, recortar presupuestos o asignar sumas mínimas al trabajo de instituciones sociales tiene a corto, mediano y largo plazo un precio realmente alto, pero que en muchas ocasiones no se percibe.
Por ejemplo, hace unos días visitó DIARIO EXTRA la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, doña Marielos Hernández, muy clara y concreta explicó que la entidad sufre de recursos limitados para su desempeño y por ende se enfrentan a dificultades al momento de ejecutar algunas labores.
Pero peor cuando la jerarca habló del tema de adopciones enfatizando en la lentitud del sistema y la casi imposibilidad de llevarse a casa a un niño o niña de corta edad, porque los procesos son muy extensos y hasta cierto punto engorrosos, pues parece ser que acá hay también una cuota de responsabilidad de la Corte.
Hablamos de un entorno complejo y de una institución que trabaja para, por y con menores en riesgo social, frágiles y vulnerables, urgidos de soluciones inmediatas y entornos sanos.
Sin embargo, al tener la plata reducida y con ello el personal, la infraestructura y hasta los recursos tecnológicos, de transporte y más, lo único que sucede por más buena voluntad que exista, es que se empeora el estado de los niños y niñas en su poder o supervisión.
Lamentable, el PANI hoy es visto como una entidad más, y vayamos tiempo atrás, no ha sido la prioridad para muchos gobiernos, pero el error garrafal está en dejar de lado a los menores que un mañana no muy lejano formarán familias, serán la población económicamente activa, los dueños de las decisiones, es decir, la sociedad costarricense en pleno.
Como explicarle a estos chicos que además de vivir en condiciones de extrema dificultad y pese a tener leyes que obligan al Estado a garantizar sus derechos y deberes, es poco lo que se puede hacer por ellos, porque como siempre no hay plata.
Es injusto, al Patronato además de darle mayores aportes económicos por el bien de los menores también deberían de ampliarle sus facultades y desamarrarle las manos. La normativa tendrá que revisarse y si bien hay que velar por la seguridad de cada niño y niña, es tiempo ya de agilizar y hacer eficiente el asunto.
No se vale que haya cientos de parejas interesadas en acoger en su hogar a los pequeños y que por el entrabamiento legal no se logre. Es difícil pero entendible que hayan extremas medidas de protección, pero una cosa es eso y otra la inoperabilidad, que de por si es más que conocida en este país.
El el típico dicho de “tigre suelto contra burro amarrado”. Al PANI le urge más cooperación, pero más allá del asunto económico el Gobierno debe entender que a estos niños y niñas les urge más tener familia, amor y respeto.