La separación de un niño o niña de su madre o de su grupo familiar para su protección, no es una decisión sencilla y siempre controversial. Las denuncias que recibimos, como en los casos que nos conmueven, fueron originalmente por “ausentismo escolar”, en un caso y por “negligencia y malos tratos” en el otro. Desentrañar los factores de riesgo detrás de cada denuncia es la tarea titánica que enfrentamos ante los 14 a 16 casos que resolvemos cada hora del día, las 24 horas, todos los días del año.
Para nadie es un secreto, –sin que de ninguna manera sea una justificación- los limitadísimos recursos humanos y financieros con que se cuenta. Para atender esta demanda de violaciones a la niñez que está en aumento constante, esta institución cuenta tan sólo con 208 profesionales (47 abogados, 67 psicólogos y 94 trabajadores sociales) destacados en Oficinas Locales en todo el país. Por ejemplo, un abogado de la Región Brunca tiene a su cargo, en promedio, 1871 casos; y un psicólogo o un trabajador social del Pacífico Central atiende unos 340 casos. Sólo para atender la demanda de los Tribunales de Justicia de apersonarse en la jurisdicción de familia, penal y penal juvenil, tendríamos que destinar todo el personal de derecho sólo a eso. Cualquier empresa privada de venta de galletas o comidas rápidas del país, tiene el doble de empleados que el PANI con su delicada tarea.
Aun así, cuando en la función de supervisión se detecta inoperancia, ineficiencia o negligencia de una Oficina Local o de un funcionario, actuamos con la mayor prontitud y severidad para investigar y sancionar, como se ha hecho en los casos que han trascendido.
Tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados frente a los retos históricos de esta compleja institución y se han tomado profundas medidas estructurales de reforma y modernización. Está en plena ejecución un ambicioso modelo para la recepción, reacción, seguimiento y control de denuncias, con la creación en setiembre del año pasado de un Centro de recepción de denuncias (COI), que es una plataforma con tecnología de punta que integra 911 (24 Horas), línea adolescente madre (800 2262626), la central telefónica, la línea 147 de los niños y niñas y denuncias por internet, con una atención de 60.674 consultas por año.
Para el control de los casos de las Oficinas Locales, se inició en el 2009 un plan piloto de implementación de un nuevo modelo de gestión con participación comunitaria, en seis oficinas locales, y ninguna de estas oficinas al día de hoy ha tenido un caso que lamentar. Y en enero de este año se publicó el cartel de licitación, por más de 65 millones, para el expediente electrónico que permitirá conocer, en tiempo real, la atención brindada y la fiscalización en todos los servicios del nuevo modelo de gestión. Al día de hoy se ha reiterado oficina por oficina la priorización inmediata de los casos según nivel de alerta y urgencia en un detallado plan de contingencia. Pero debe quedar claro que, a pesar de estos esfuerzos, nada es suficiente si no se cuenta con los recursos humanos y financieros necesarios.
Habría que recordar que la reforma más estructural del PANI se dio hace más de diez años, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica. Contrario a lo que algunos sugieren, lo que resta para concretar esta transformación institucional no es prescindir del personal que en su mayoría trabaja con gran compromiso y responsabilidad, sino dotar, al menos, del doble del personal que existe.
En el PANI estamos abiertos a cualquier revisión de nuestros actos y, por supuesto, siempre estamos a disposición de lo que más convenga a los intereses de los niños y niñas.
Lic. Mauricio Medrano Goebel
Gerente Técnico
Cédula 7-0098-0070