La información de ayer sobre la decisión del nuevo presidente ejecutivo del Patronato
Nacional de la Infancia (PANI), Mario Víquez, de recoger a los niños y adolescentes
indigentes, que deambulan por nuestras calles, pone en ruta, junto con otros proyectos
inmediatos, a esta institución pública, encargada constitucionalmente de una de las tareas
más importantes del país. El PANI debe ocupar, en la constelación de entidades públicas y en
la agenda del gobierno de la República, uno de los puestos de vanguardia en los órdenes
técnico, orgánico y financiero.
Además de recoger a los niños y adolescentes indigentes, el PANI se propone echar a andar el
plan estratégico, recomendado hace cinco años por una junta de notables; atacar el problema
de la violencia contra los menores; simplificar el quehacer institucional a fin de que lo
accesorio no ahogue lo esencial, como ocurre en muchas instituciones públicas; dar
preeminencia a las tareas preventivas; extender los servicios del PANI a las familias, el
corazón del problema de la niñez y de la adolescencia, y, en fin, realizar, en lo
conducente, la gran tarea de una sociedad democrática: la salvaguardia y educación de los
niños y los adolescentes.
Costa Rica posee todos los recursos técnicos y financieros para dar cima a esa obligación
social. Sin embargo, como suele ocurrir en los proyectos de índole social, la nobleza del
fin no siempre corre parejas con la eficiencia y la calidad de los medios y los buenos
sentimientos enmascaran la razón y la eficacia.
El espectáculo de los niños y de los adolescentes indigentes en las calles, pidiendo limosna
o deambulando sin destino ni reposo, así como el de los adultos, hombres y mujeres,
harapientos, ebrios o drogados -que han hecho de las aceras su albergue de día o de noche-,
debe desaparecer de nuestras calles no por razones estéticas o turísticas, sino
sencillamente por un deber de solidaridad y, sobre todo, por respeto y práctica coherente de
los derechos humanos. No hay razón alguna para que nuestro país no pueda resolver este
problema social del que el Estado se ha desentendido tradicionalmente y cuyo remedio han
procurado, con sobresaliente entrega y sacrificio, diversas personas o asociaciones. Se
trata de un desafío y de un problema integrales, que nuestro país debe convertir en objetivo
primario.
No es correcto esgrimir siempre, como argumento exclusivo, el señorío de la corrupción, de
las gollerías y de la mala gestión pública para explicar la negligencia o ineficiencia en el
combate de la pobreza o de la exclusión de gruesos sectores de nuestra población. Esta puede
ser una evasión. El análisis de estos problemas sociales debe ser integral. Sin embargo,
tampoco se puede excluir esta relación o comparación ante la diligencia y eficiencia con que
se crean sistemas de privilegio indignantes, se despilfarran alegremente los recursos
públicos y se planifican y ejecutan, con maestría y refinamiento singulares, proyectos de
corrupción o depredación con los recursos públicos, dentro y fuera del país, con
participación de amigos, familiares, funcionarios y profesionales. Competencia singular para
hacer el mal e incapacidad para cumplir con el deber.
Algo debe de andar mal en una sociedad para este despliegue de talento y de recursos, y,
durante mucho tiempo, de impunidad, mientras subyacen y se acumulan ingentes problemas
sociales, que el clientelismo político, el falso patriotismo y la añeja ideología no quieren
ver, y cuya existencia, además, se atribuye a causas externas y no, como debe ser, a nuestra
propia responsabilidad. Confiamos, por ello, en que la determinación realista del PANI no
sea flor de un día y que inspire a otras instituciones públicas en una sociedad ansiosa de
gestos y resultados concretos.